Gipuzkoako Partzuergoak bere estatutuak aldatu ditu intzineradora blindatu nahian

Atalak: Atez atekoa, Errausketa, Gaikako bilketa, Gipuzkoa

Gipuzkoako Hondakinen Partzuergoak bere estatutuak aldatu ditu, hemendik aurrera elkargo horretatik ateratzen bada herriren bat orain arte errauskailua eraikitzeko egin diren inbertsioen zatia ordaindu behar izan dezan. Errauste plantaren kontrako mugimenduek, San Markos Mankomunitateak eta zenbait partiduk -bidenabar Ezker Batuak eta Aralarrek- salatu dute neurri horrekin batetik Atez Ateko Bilketa sistema ito nahi dela eta bestetik poltsikotik gatibu eduki nahi dituztela udal kritikoak. Ikusi albistea eta erreakzioak egunkarietan.

El Consorcio de Residuos cambia los estatutos para impulsar la incineradora (Gara)

La asamblea del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa aprobó ayer un cambio en los estatutos. En adelante, cualquier mancomunidad que desee abandonarlo deberá abonar la parte que le corresponda de la deuda contraída para construir las infraestructuras.

El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa decidió ayer que cualquier mancomunidad que desee abandonarlo deberá abonar la parte que le corresponda de la deuda contraída para construir las infraestructuras que prevé el consorcio para la gestión de las basuras, entre ellas la planta incineradora.

Según explicó el diputado foral de Desarrollo Sostenible, Carlos Ormazabal, a la salida de la reunión, «hablamos de unas infraestructuras de un coste considerable de cerca de 400 millones». Por este motivo, según afirmó, el consorcio ha decidido que «si alguna mancomunidad desea abandonarlo, una vez de que haya obtenido ya dichos fondos, tendrá que pagar la parte proporcional de la deuda que le corresponda, ya que las que decidan continuar no tienen que hacerse cargo de ella».

Sin embargo, uno de los representante de la Mancomunidad de San Marcos en el consorcio, Imanol Azpiroz, afirmó que con este cambio lo que buscan es blindar la planta incineradora, «ahogando económicamente a las localidades que opten por otros sistema de gestión de residuos».

«Están asustados»

En opinión del representante de San Marcos, las fuerzas favorables a la incineración «se han asustado al ver los resultados positivos que se han logrado en Usurbil con el sistema puerta a puerta y que varias localidades quieren seguir el mismo camino». En este sentido, calificó de vergonzoso que el diputado foral ni tan siquiera haya visitado la localidad de Usurbil para conocer in situ el nuevo sistema de recogida «que tan buenos resultados está dando».

Azpiroz denunció además que había habido irregularidades a la hora de aprobar algunos puntos del orden del día. Así, afirmó a la hora de votar el cambio de los estatutos, «si bien es necesaria la aprobación de todos las mancomunidades, en esta ocasión han dado por válida la mayoría, porque saben que les es favorable». Denunció, además, que también había sido irregular la aprobación del expediente de incorporación de la Mancomunidad de Txingudi al consorcio y que «con anterioridad les habían advertido de ello».

Ante estos hechos, Imanol Azpiroz anunció que desde la Mancomunidad de San Marcos estudian tomar medidas al respecto.

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El Consorcio de Residuos amarra la financiación de las plantas de tratamiento (Diario Vasco)

La mancomunidad que abandone la entidad deberá abonar la parte del coste de las instalaciones que le corresponde. Se pedirán 300 millones al Banco Europeo de Inversiones
FERNANDO SEGURA

«El ente consorciado abonará los gastos que se originen con motivo de la separación, la parte del pasivo contraído por el Consorcio de su cargo y el valor de la capitalización del sobrecoste del servicio como consecuencia de la separación se calcule que se genera para el resto de los entes consorciados considerando la vida útil de las insfraestructuras que estén construidas o en proceso de ejecución».

DV. El Consorcio de Residuos quiere asegurarse la financiación de las plantas de tratamiento previstas en el Plan de Residuos de Gipuzkoa. La asamblea general de la entidad, constituída por la Diputación y las ocho mancomunidades, aprobó ayer la modificación de los estatutos, con el fin de amarrar la financiación de 300 millones de euros. La mayor parte se solicitará al Banco Europeo de Inversiones.
La asamblea dio el visto bueno con carácter inicial al cambio estatutario. Votaron a favor seis de las ocho mancomunidades. San Marcos y Alto Deba se posicionaron en contra, así como un representante de Tolosa y otro de Azpeitia. Ahora se abrirá un plazo de alegaciones para, posteriormente, proceder a la aprobación definitiva. Lograda ésta, un mero trámite a la vista de la votación de ayer, cada mancomunidad adaptará la modificación a sus propios estatutos.
El cierre de los vertederos en 2012 obligará a poner en marcha para esa fecha la incineradora de Zubieta, así como la planta de tratamiento previo, cuyo sistema está todavía por definir. Además, se contempla una red de instalaciones de compostaje y garbigunes.

Ingresos por tarifas
El Consorcio pedirá créditos que podrían alcanzar los 300 millones de euros para acometer la construcción de estas infraestructuras. El aval de estos préstamos será únicamente los ingresos que obtenga la entidad a través de las tarifas que cobrará a partir del próximo mes a las mancomunidades por el tratamiento de sus residuos (117 euros por tonelada). Esta dependencia económica de las entidades comarcales ha llevado al Consorcio a proponer una modificación estatutaria que garantice que esta entrada de ingresos no va a fallar. La entidad quiere evitar, por ejemplo, que una hipotética salida de la mancomunidad de San Marcos conlleve una redistribución de su aportación entre el resto de comarcas.
San Marcos genera el 50% de la basura de Gipuzkoa y por tanto aportará al Consorcio el 50% de sus recursos. Los créditos se pedirán en previsión de que esa parte del presupuesto está asegurada, es decir, que la mancomunidad se mantendrá dentro del Consorcio.
La modificación de los estatutos, ante la eventualidad de que se produzcan abandonos, establece salvaguardas para evitar que el resto de mancomunidades tengan que aumentar sus aportaciones con el fin de devolver el crédito.
El nuevo estatuto señala que la entidad comarcal que abandone el Consorcio «abonará los gastos que se originen con motivo de la separación, la parte del pasivo contraído por el Consorcio a su cargo, así como el valor de la capitalización del sobrecoste del servicio que se calcule que se genera para el resto de entes consorciados, considerando la vida útil de las infraestructuras que están construidas o en proceso de ejecución».
Si éste fuera el caso de San Marcos, la entidad tendría que abonar el 28% del presupuesto de las instalaciones, es decir, el equivalente al peso de su representatividad en el Consorcio.
EB se ha mostrado crítica con el cambio de estatutos, dado que en su opinión sólo pretende blindar la construcción de la incineradora.

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El Consorcio se blinda para hacer frente al futuro crédito de la incineradora (Noticias de Gipuzkoa)

La entidad modifica sus estatutos sin el apoyo de san marcos
Según la nueva norma, las mancomunidades deberán pagar su parte de la deuda si abandonan el organismo

La Asamblea General del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, integrado por todas las mancomunidades del territorio, cambió ayer sus estatutos para asegurar la financiación de los nuevos sistemas de tratamiento de basura que se van a construir en el territorio, entre ellos la planta incineradora de Zubieta.

Según explicó el presidente de la entidad, el diputado Carlos Ormazabal, el Consorcio deberá solicitar créditos para afrontar los 400 millones de euros de inversión requerida. Por ello, la Asamblea General decidió que, si tras haber obtenido los fondos necesarios alguna mancomunidad decide abandonar este organismo, deberá hacer frente a la parte proporcional de la deuda que le corresponda.

La resolución salió adelante con un amplio respaldo pese a la oposición de la Mancomunidad de San Marcos, en manos de EB y ANV, que rechazan la planta de quema de residuos. De hecho, esta formación acusó al presidente de querer “hacer inviables” sistemas alternativos como el puerta a puerta al “obligar” a las mancomunidades a sufragar la incineradora.

El diputado, sin embargo, aseguró que “no se va a repercutir en las mancomunidades la financiación de la planta de Zubieta”, ya que, mientras permanezcan en el Consorcio, “sólo tendrán que abonar una tasa por tonelada vertida, exactamente igual que ahora”.

En este sentido, y ante los gastos que se avecinan, la Asamblea General acordó también subir de 75 a 117 euros el precio que se cobra por verter cada tonelada de basura. La nueva tasa entrará en vigor el 17 de julio, fecha en la que el Consorcio de Residuos se hará también cargo del transporte de desechos desde las plantas de transferencia hasta los vertederos del territorio.

Los ciudadanos, no obstante, no sufrirán cambios en su factura de la basura, ya que, ante la previsión de incremento de precios, los Ayuntamientos ya encarecieron la tasa a comienzos de año.

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Hondakinen Partzuergoak errauste planta atzeraezin egin nahi duela salatu dute (Berria)

Ezker Batuak uste du Partzuergoaren estatutu aldaketarekin oztopoak jarri nahi zaizkiola atez ateko bilketa sistemari

Mikel Peruarena.
Donostia

Estatutuak aldatzeko asmoz, Gipuzkoako Hondakinen Partzuergoaren batzar nagusia bilduko da gaur. Estatutuak aldatzeko erabilitako prozedura «irregularra» izan dela salatu du, ordea, EB Ezker Batuak. Estatutuak egokituta, errauste plantaren egitasmoa «blindatu» eta atzeraezin egin nahi du Partzuergoak, EBko Gipuzkoako koordinatzaile Antton Karreraren hitzetan.

Partzuergoaren helburua da «atez ate biltzeko sistema ez ezartzea, zailtzea eta atzeratzea», Karreraren ustez. Hondakinak biltzeko sistema horrek lor ditzakeen emaitzei, Partzuergoko kideek «izurriteari bezainbesteko beldurra» diotela adierazi du. Izan ere, atez ateko bilketarekin erakutsi da «Hiri Hondakinak Kudeatzeko Gipuzkoako Plan Nagusia (PIGRUG) burugabekeria dela eta errausketak ez duela zentzurik», Karreraren hitzetan.

Konpostatzea sustatzeko zenbait udal eta mankomunitateren asmoak «zapuzteko» ahaleginak egiten ari da Partzuergoa, EBko kidearen ustez. Gaurko batzar nagusirako proposatutako aldaketak norabide horretan doazela ulertzen du Karrerak. Esaterako, Partzuergoak erabakitako azpiegiturak finantzatu beharko dituzte bazkideek, nahiz eta erakundea utzi.

Egoera horretan aurki liteke, esaterako, Usurbilgo Udala (Gipuzkoa). Egun, hondakinen gaineko eskumen osoak ditu Udalak; atez ateko bilketari ekiteko, San Markosko Mankomunitateari eskatu zion eskumen horiek itzultzeko. Hala ere, Hondakinen Partzuergoak gaur estatutuak aldatzea onartuko balu, eta udalak erakunde hori edo mankomunitatea utziko balu ere, Partzuergoak onartutako azpiegiturak finantzatzera behartua egongo litzateke udala. Hori gaitzetsi du Karrerak: «Baldintzatu egin nahi dituzte, azpiegitura horiek ordaintzeko, erabili edo ez, Partzuergoan jarraitu edo ez».

Oinarrizko araudiaren arabera, Partzuergoak lau urrats egin behar ditu estatutuak aldatzeko: presidenteak proposamena egin behar du; erakusketan jarri behar da; bazkideek onartu behar dute; eta Partzuergoaren batzar nagusiak onartu behar du. Mankomunitateek bozkatu dute, ordea, aldaketak jendaurreko erakusketan jarri aurretik. San Markosko Mankomunitateak ez du bozkatu, bestalde, eta egitasmoa ezin izan du jendaurrean erakutsi, ez duelako jaso. Karrerak salatu du bazkide guztiek onartu gabe ere estatutuak aldatu asmo dituztela. Gaur estatutuak aldatzea onartuko balitz ere, zalantzazkoa da balio juridikorik izango duten.

«Atzera ez egiteko unea»

Partzuergoko lehendakariorde Denis Itxasok ez du zalantzarik, ordea: «Txostenek zilegitasun eta berme legal guztiak dituzte». EBk zalantzarik badu, Justiziara jo eta helegitea jar dezakeela adierazi du Itxasok. Denbora gutxian hartuko diren erabakiak garrantzitsuak izango direla uste du Itxasok. «Atzera ez egiteko unean gaude», ohartarazi du: «Kanpoan gelditzea erabakitzen duenak, konpromisoak bere gain hartu beharko ditu».

«Gai izan gara hasierako PIGRUG aldatzeko», nabarmendu du Itxasok. Partzuergoaren egungo egitasmoan birziklatzeak, konpostatzeak eta hondakinak gutxitzeak garrantzia gehiago duela, eta erraustearen kopurua gutxitzea lortu dutela azaldu du. Baina Partzuergoak hartu behar dituen erabakiak oso garrantzitsuak direla uste du, eta ezin direla hartu «jakin gabe erakunde guztiak atzean» dituzun. Itxasok zehaztu du ezin dela «Partzuergoan parte hartu nahi denerako, eta nahi denerako ez», eta egitasmoaren barruan daudenek konpromisoak hartzea normala dela adierazi du. Hortaz, Partzuergoko bazkideek azpiegitura egitasmo guztiak finantzatzea defenditu du: «Bihar [gaur] jakingo da zeintzuk dauden egitasmoan».

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EB alerta de que el Consorcio de Residuos modificará sus estatutos (Gara)

El coordinador de EB en Gipuzkoa, Antton Karrera, afirmó ayer que la asamblea general del Consorcio de Resi- duos pretende modificar hoy sus estatutos con el objetivo de hacer inviables los sistemas alternativos y blindar la incineradora.

Explicó que la presidencia del consorcio prevé llevar a cabo un cambio en los estatutos mediante «un proceso irregular», ya que «no contempla la necesidad de su aprobación por todos y cada uno de los entes consorciados».

Karrera aseguró que el consorcio «pretende hipotecar la gestión de los residuos por parte de los organismos competentes originarios -ayuntamientos y mancomunidades- obligándoles a la finan- ciación de las infraestructuras proyectadas».

A su juicio, el «verdadero objetivo es hacer inviables los sistemas de gestión alternativos, penalizando a los ayuntamientos o mancomunidades que pretendan impulsar- los, convirtiéndoles de por vida en paganos de las infraestructuras previstas en el PIGRUG y en el Plan Territorial Sectorial de infraestructuras de residuos», que son «instrumentos legitimadores de la incineradora».

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EB-Aralar critica los cambios en el Consorcio de Residuos para evitar la fuga de municipios (Diario Vasco)
Asegura que impedirá sistemas «alternativos a la incineración» como la recogida puerta a puerta
I.M.

IRUN. DV. Ezker Batua-Berdeak-Aralar de Irun presentó ayer su disconformidad con la modificación de cambios de Estatutos que pretende el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, en el que se encuentran las mancomunidades del territorio, incluida la de Txingudi.
El portavoz del grupo en el Ayuntamiento, Manuel Millán, criticó que una de las modificaciones principales quiere «obligar a los ayuntamientos (o mancomunidades a las que pertenezcan) a pagar su parte proporcional de la incineradora aunque se desvinculen después del proyecto y no soliciten su servicio en el futuro». Ese proyecto es el de la incineradora y se trata, en definitiva, de fijar las responsabilidades previamente, de manera que un cambio político posterior no haga que alguien, por su cuenta, decida abandonarlo, obligando al resto a cargar con las costas de esta iniciativa ahora conjunta.
Para Millán, esta iniciativa se plantea «tras la experiencia de Usurbil», donde la aplicación del sistema de recogida puerta a puerta que se puso en marcha en febrero, arroja «cifras de reciclaje que, en tan sólo dos meses, pasan del 28,42% al 76,08%; además de obtener una materia orgánica con una pureza del 98%». Lo que el portavoz de la coalición planteaba es que «conocedores de estos datos, los promotores de la incineradora temen que el sistema se extienda a otras poblaciones de Gipuzkoa», algo que ve factible por el tamaño de los municipios. Si así ocurriera, considera Millán que el material destinado a la incineración sería mucho menor, «lo que pondría de manifiesto la irracionalidad del proyecto estrella del Consorcio de incineración en Zubieta».
«Déficit democrático»
Millán estima que esta pretensión de «hacer pagar a los ayuntamientos un proyecto a priori, aunque finalmente no se realice o no lleven los residuos a incinerar, evidencia que el verdadero objetivo es obstaculizar sistemas alternativos y superiores en compostaje y reciclaje para blindar un único sistema basado en la incineración».
El edil irunés denuncia que en el trasfondo de todo este complejo mecanismo existe «un déficit democrático». Aducía que la voluntad popular se distorsiona desde el voto hasta este Consorcio que toma estas decisiones («los ciudadanos eligen concejales, éstos miembros de mancomunidades, éstos a sus representantes en el Consorcio y éste una sociedad de gestión»). También alega que la medida de blindar el proyecto incinerador «supone actuar al margen de la posible composición futura de los ayuntamientos» ya que entiende que «podrían llegar gobiernos distintos, con programas distintos. Estos estatutos del Consorcio supondrían hipotecar la gestión de los municipios al margen de la voluntad popular municipal».